El Consell ha prorrogado en los dos últimos años la autorización de 29 salones de juego, 21 de los cuales se encuentran a menos de 850 metros de centros educativos de Secundaria, Bachillerato o enseñanzas profesionales, el límite que fijaba la ley autonómica aprobada en 2020. La renovación ha sido posible tras la reforma impulsada por el actual gobierno de la Generalitat en diciembre de 2023 a través de la ley de Acompañamiento a los presupuestos, que eliminó la exigencia de distancia mínima para las licencias ya existentes, aunque mantiene la restricción para nuevas aperturas.
La Conselleria de Hacienda ha informado en Les Corts que desde el cambio normativo no se ha denegado ninguna renovación. De los 29 locales autorizados, tres de cada cuatro “habrían tenido que cerrar si se hubiera mantenido la redacción anterior”, apuntan. La mitad de los establecimientos prorrogados están incluso a menos de 350 metros de un instituto o centro de enseñanzas profesionales, entre ellos varios ubicados en entornos de institutos públicos y colegios concertados con Secundaria.
La fijación de una distancia mínima de 850 metros fue uno de los ejes de la ley del Botànic para frenar la expansión del juego y prevenir la ludopatía, especialmente entre menores y adolescentes. Patim ha recomendado este “perímetro saludable” y apoyó su incorporación en la Ley del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana. El Consell justificó su modificación en la inseguridad jurídica de la norma, que llegó a estar recurrida ante la justicia europea, aunque el Tribunal de Justicia de la UE avaló el pasado octubre que este tipo de limitaciones pueden adoptarse por razones de salud pública, dejando su aplicación concreta en manos de los tribunales autonómicos.
La reforma ha suscitado la “máxima preocupación” de la FAMPA Castelló Penyagolosa, que reclama restablecer la distancia mínima o incluso el cierre de los locales situados en rutas escolares y zonas de ocio juvenil. Su presidente, Vicente Gumbau, sostiene que la medida tiene “consecuencias directas en el entorno educativo” y advierte del riesgo de normalizar el acceso al juego entre menores. La federación, que aún no ha sido recibida por la Conselleria de Educación pese a haberlo solicitado, estudiará en su próxima junta posibles acciones, entre ellas una campaña informativa.